El rol del Estado Argentino en el manejo de los recursos naturales

Si bien desde la Cumbre de Río muchos gobiernos incluyeron en sus Constituciones Nacionales la cuestión ambiental , por lo cual se observan lentos avances en el tema, lo cierto es que aún falta mucho camino por recorrer para llevar a la práctica lo que muchas veces se encuentra establecido en diferentes acuerdos o normativas.
La conservación del ambiente debe ser parte de un estilo de vida de toda la sociedad, para lo cual la educación es el paso inicial para lograr la concientización de la población y un cambio de mentalidad y del actuar.
Es fundamental que especialmente la juventud tenga un mayor compromiso y sea protagonista activo frente a la necesidad de cambio en la relación de la sociedad con la naturaleza.
Esto requiere de un Estado que sea:

• competente, que diagrame planes de trabajo para cuidar el medio ambiente, incluyendo las leyes necesarias para proteger la naturaleza, teniendo en cuenta que la naturaleza tiene sus límites y que los beneficios económicos no deben sobrepasarlo.
• responsable, que pueda sostener y hacer prosperar los esfuerzos individuales.
• que pueda sentarse a debatir con los grandes movimientos internacionales las mejores estrategias para lograr el beneficio económico respetando los ritmos naturales.
• que conozca la disponibilidad de recursos, las características de la explotación y la situación de riesgo que corre cada uno.

En toda Latinoamérica durante la década del 90 se inició la apropiación de los recursos naturales por parte de empresas multinacionales que continúa hasta la fecha y que lejos de respetar el medio ambiente obtienen groseras ganancias dejando un panorama desolador en vastas zonas, por lo cual es preciso que los Estados recuperen los recursos para sus propios pueblos. Las inversiones son necesarias pero el derecho a la ganancia no debe estar por encima de los derechos sociales y los derechos a la vida.
Muchos Estados Latinoamericanos incluyendo nuestro país deben derogar las leyes permisivas y modificar contratos y concesiones que favorecen el SAQUEO DE NUESTROS RECURSOS NATURALES.
Sin lugar a dudas nuestro país tiene básicamente tres grandes problemas ambientales vinculados a las actividades económicas, a resolver, tales son: la tala indiscriminada que avanza sin cesar en el norte del país por el avance de la sojización, el detrimento de la actividad ganadera por el avance del cultivo de soja y la megaminería a cielo abierto, en un mundo donde se precisa más agua y más alimento con un población mundial que este año llegará a los 7000 millones de habitantes.

La megaminería a cielo abierto es muy preocupante dado que es una actividad destructiva y devastadora, produce una gran contaminación del aire por polvos y tóxicos, vapores y emanaciones gaseosas capaces de penetrar en el pulmón humano y de animales. También contamina las aguas superficiales y subterráneas porque se vierten productos químicos como el cianuro, óxido de nitrógeno y dióxido de azufre provenientes de las pilas o piletas donde se realizan los procesos de tratamiento. Como se necesita mucha agua, las explotaciones planean desde el uso del agua de glaciares ( proyecto Pascua Lama, entre Argentina y Chile) , ríos y arroyos vitales para la vida humana. La zona de San Juan donde está este proyecto, es una de las áreas donde los científicos climáticos afirman que sufrirá el mayor impacto en el cambio climático por disminuir las precipitaciones en cordillera, sin embargo en dicha provincia se ha construido la Represa Los Caracoles, que tiende más a abastecer las necesidades energéticas y de agua de proyectos mineros, que de suministrar un recurso básico para la vida a la poblacion sanjuanina.


De los 30 proyectos mineros en Argentina encabezados por 42 empresas , 24 proyectos han tenido conflictos severos afectando a 36 comunidades.
Tan sólo siete provincias argentinas prohíben en sus territorios la minería a cielo abierto. Ellas son: Mendoza( ley 7.722), Chubut (ley 5001), Río Negro ( ley 3981), Tucumán ( ley 7.879), La Pampa ( ley 2349), Córdoba (ley 9526) y San Luis ( ley 634).

¿Por qué somos tantos los que estamos en desacuerdo con la megaminería a cielo abierto en Argentina o en cualquier país del mundo?

Porque destruye todo ecosistema natural, promueve el enfrentamiento entre dirigentes y pobladores, se registran situaciones de soborno de las empresas a funcionarios, violan leyes y derechos. Esto no sólo sucede en Argentina, sino en toda Latinoamerica y muchos otros lugares del mundo.

Se necesita un PROYECTO DE NACIÓN DONDE EL PRINCIPAL PROTAGONISTA SEA EL PUEBLO ARGENTINO Y NO LAS EMPRESAS,DONDE EXISTA PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LAS PERSONAS EN LA TOMA DE DECISIONES Y EN LA GESTIÓN DE NUESTROS RECURSOS NATURALES A TRAVÉS DE ESTRUCTURAS DE GOBIERNO DEMOCRÁTICAS. Es fundamental fomentar la solidaridad, evitando la desarticulación social y la pérdida de poder por parte de la ciudadanía. La política ambiental debe darse la mano con el trabajo digno, para lograr una mejora constante y equitativa de la calidad de vida de los argentinos en equilibrio con la conservación de la naturaleza.